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Historia: s. XX

n1909, el presidente liberal José Santos Zelaya intentó una serie de reformas que representaban el inicio de la nación democrática, abierta a la industrialización y a las relaciones económicas internacionales. También se anexionó el litoral atlántico, el reino de Misquitia, ocupado hasta entonces por Inglaterra. Pero el proyecto liberal fue rápidamente frustrado por los Estados Unidos debido a los contactos mantenidos por Zelaya con los japoneses, interesados en construir un canal interocéanico.

Los norteamericanos obligaron al presidente a dimitir, reservándose la posibilidad que les ofrecían las condiciones geográficas de la depresión de Managua. De esta forma, en 1911 volvieron al poder los conservadores, encabezados por Adolfo Díaz. Bajo su presidencia, los banqueros neoyorquinos Brown Brothers y Seligman pasaron a controlar el Banco Nacional; el ferrocarril y las rentas aduaneras también fueron a parar a manos estadounidenses como garantía de préstamos efectuados a los gobiernos nicaragüenses.

La gran oposición de los liberales desató una guerra civil y el presidente Díaz acudió a Estados Unidos para que aplastara la revuelta. En consecuencia, por primera vez desembarcaron en las costas nicaragüenses 2 700 marines norteamericanos. De ellos, 120 permanecerían en el país hasta 1925, en calidad de Misión de Custodia. Gracias a la firma del Tratado Bryan-Chamorro, Estados Unidos consiguió en 1916 los derechos exclusivos para construir un canal interoceánico a cambio de tres millones de dólares, y mantuvo en la presidencia a los conservadores bajo su tutela. Pero los levantamientos armados y las huelgas no cesaron de alentar la rebelión popular.

La segunda intervención militar de Estados Unidos se produjo en 1926, en apoyo del conservador Emiliano Chamorro, y al año siguiente se firmó un tratado de paz, a cambio de la realización de elecciones bajo la supervisión del país norteamericano. Todos los líderes políticos aceptaron el acuerdo, excepto Augusto César Sandino, que lo calificó de traición a la patria y se lanzó a la lucha guerrillera contra la ocupación extranjera.

Durante seis años, las tropas estadounidenses combatieron al ejército popular dirigido por Sandino, hasta que en 1933 se retiraron oficialmente del país, dejando en su puesto a la Guardia Nacional, ejército entrenado por oficiales norteamericanos y dirigido por el general Anastasio Somoza García. Al retirarse los marines, Sandino anunció el cese de la lucha armada, pero en 1934 los hombres de Somoza asesinaron al líder guerrillero, las cooperativas sandinistas fueron arrasadas y el grueso de su ejército murió asesinado. Dos años más tarde Anastasio Somoza arrebató el poder al presidente liberal Juan Bautista Sacasa y se proclamó presidente el 1 de enero de 1937. Desde entonces el continuismo dinástico de los Somoza se perpetuó en el poder, y las competiciones electorales se saldaron siempre a favor del somocismo.

La ficción democrática que permitió la perpetuación del clan familiar se apoyó en la censura previa y en la presencia directa o indirecta de los Somoza en los medios de comunicación, así como en un sistema de partidos políticos carentes de implantación popular. Una serie de pactos establecían el número de escaños que ocuparía la oposición conservadora, e incluso en algunos casos, la colaboración de los opositores en el gobierno y en la administración.

A Anastasio Somoza García, asesinado en plena campaña electoral en 1957, le siguieron como herederos su hijo mayor Luis Somoza Debayle, y a partir de 1967, su hijo menor Anastasio Tachito, fieles servidores ambos de los intereses estadounidenses en la región. Con Luis Somoza Debayle, tras unos años de fuerte control del poder, se hicieron algunas concesiones democráticas, impuestas por la nueva orientación de la política estadounidense del presidente John Kennedy. A la muerte de Luis Somoza, su hermano cogió las riendas de la legalidad constitucional, nuevamente con el beneplácito de Estados Unidos.

El último de los Somoza fue abandonando progresivamente la ficción democrática y se dedicó a una vertiginosa acumulación de riqueza y a las operaciones defensivas contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fundado en 1962. En diciembre de 1972, cuando la ciudad de Managua fue devastada por un terremoto, el presidente y el grupo de familias vinculadas a él que monopolizaban la economía del país, desviaron en su propio beneficio gran parte de las ayudas internacionales. Al conocerse los detalles del inmenso negocio hecho por Somoza, el descrédito internacional comenzó a minar su figura. El padre Fernando Cardenal denunció ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la situación del país y los obispos publicaron una pastoral en la que denunciaban la violación de los derechos humanos.

Mientras que el FSLN llevaba a cabo acciones cada vez más audaces contra la Guardia Nacional, la oposición legal al régimen logró crear un órgano de coordinación de los diversos partidos, la Unión Democrática de Liberación (UDEL), dirigida por el conservador Pedro J. Chamorro, director del diario La Prensa. La escalada de la represión y la enfermedad de Somoza desencadenaron entonces la crisis más seria del régimen. El año 1978 se abrió con el asesinato de Chamorro, y la opinión pública nacional e internacional responsabilizó a Somoza del mismo. El 22 de agosto, un comando sandinista dirigido por Edén Pastora tomó el Palacio Nacional y al mes siguiente el FSLN desencadenó una ofensiva general apoyada por la población en su conjunto.

En julio de 1979 los guerrilleros sandinistas ocuparon Managua y Somoza salió hacia el exilio. Moriría asesinado en agosto de 1980 en las calles de Asunción del Paraguay. Una Junta de Reconstrucción Nacional se hizo cargo del poder en Nicaragua, que había quedado devastada por la larga guerra, con más de treinta mil muertos y su economía profundamente dañada. El nuevo gobierno puso en marcha un plan de expropiaciones y profundas reformas en la sanidad, la enseñanza, etc. También se promulgó un Estatuto de Derechos y Garantías, mientras se preparaba una nueva Constitución. Pero las relaciones con Estados Unidos siguieron un deterioro imparable, traducido en el apoyo directo a los movimientos antisandinistas, la llamada «Contra», que desde la frontera hondureña hostigaban al país.

En 1984 se celebraron elecciones con la presencia de observadores internacionales; la victoria fue del Frente Sandinista y su candidato Daniel Ortega resultó elegido presidente del país. Al año siguiente, la intensificación de los ataques de la oposición armada determinó que el gobierno impusiera el estado de emergencia. Ante la amenaza de extensión de la guerra civil nicaragüense a toda Centroamérica, los gobiernos de México, Venezuela, Colombia y Costa Rica intentaron diversas propuestas de pacificación de la zona, que dieron por resultado el acuerdo de Esquipulas II, en 1988, por el cual el Gobierno sandinista procedió a una apertura democrática y restauró las libertades cívicas.

La situación económica, sumida en un imparable caos y agravada por el largo bloqueo financiero de los Estados Unidos, fue uno de los elementos que contribuyeron a la derrota de los sandinistas en las elecciones del 25 de abril de 1990 y dieron el triunfo a la Unión Nacional Opositora (UNO), coalición opositora de catorce partidos presidida por Violeta Barrios, viuda de Pedro J. Chamorro. La presidenta asumió el poder con una clara voluntad de reconciliación; el FSLN siguió siendo el principal partido político y las fuerzas armadas continuaron al mando de Humberto Ortega, hermano del anterior presidente.

El gobierno tuvo que hacer frente a graves problemas sindicales y al descontento de la población, provocado por la privatización de empresas y la pretendida devolución de bienes expropiados en la etapa anterior por los sandinistas. En febrero de 1995 Humberto Ortega fue relevado del cargo de ministro de defensa de forma pacífica. De esta manera los sandinistas, que aceptaron el cambio, redujeron notablemente su influencia en las más altas instancias del poder en Nicaragua. El FSLN dividido, por la escisión en su seno de un sector encabezado por Sergio Ramírez y la defección de Ernesto Cardenal, el histórico ministro de cultura de la revolución, entró en una profunda crisis.

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